El Gobierno de España ha aprobado históricamente diversas normativas bajo este título, siendo la más relevante por su impacto estructural el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, que impulsó las medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

A día de hoy, 13 de marzo de 2026, el enfoque legislativo se centra en la ejecución del Pacto de Estado renovado, aprobado en 2024, que incluye 462 medidas para ampliar la protección a las víctimas

Claves del Real Decreto-Ley 9/2018

Esta norma introdujo cambios fundamentales que siguen vigentes:

• Acreditación de la condición de víctima: Permitió que la situación de violencia se acredite mediante informes de los servicios sociales o sanitarios, sin necesidad de que medie denuncia previa para acceder a ayudas.
• Protección de menores: Reforzó el carácter de víctimas directas de los hijos e hijas, estableciendo la obligatoriedad de que los jueces se pronuncien sobre medidas cautelares relativas a la patria potestad y custodia.
• Asistencia jurídica: Garantizó el asesoramiento jurídico gratuito e inmediato para todas las víctimas. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Avances Recientes (2025-2026)

• Pacto Renovado: A finales de 2025, el Gobierno ya había puesto en marcha más del 50% de las medidas del nuevo pacto.
• Violencia Vicaria: Se han impulsado reformas legales (como la LO 1/2025) para integrar la definición de violencia vicaria y mejorar la protección de los menores en entornos digitales.
• Presupuestos: En 2025 se transfirieron 200 millones de euros a comunidades autónomas y entidades locales específicamente para el desarrollo de estas medidas. 

Medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género: claves jurídicas

Desde Gabinete Jurídico Almodóvar analizamos una de las reformas relevantes en materia de protección de víctimas: la aprobación del Real Decreto-ley 9/2018, que introduce medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género y reforzar la respuesta institucional frente a esta problemática.

Esta norma modifica varias leyes del ordenamiento jurídico español con el objetivo de mejorar la protección de las víctimas y facilitar el acceso a recursos asistenciales y judiciales.

Una reforma para reforzar la protección de las víctimas

El Real Decreto-ley surge para poner en marcha algunas de las medidas más urgentes del Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por el Parlamento. Entre sus objetivos principales destacan:

• mejorar el acceso de las víctimas a la justicia
• ampliar los mecanismos de acreditación de la situación de violencia
• reforzar la coordinación institucional
• garantizar más recursos y ayudas económicas

La norma modifica, entre otras disposiciones, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Bases del Régimen Local y el Código Civil.

Más vías para acreditar la violencia de género

Uno de los cambios más importantes introducidos por la norma es la ampliación de las formas de acreditar la condición de víctima.

Hasta ese momento, el acceso a determinados derechos o ayudas dependía fundamentalmente de la existencia de:

• una sentencia condenatoria
• una orden de protección

Con la reforma, se permite acreditar la situación de violencia también mediante:

• informes del Ministerio Fiscal
• informes de servicios sociales o servicios especializados
• informes de centros de acogida u otros recursos asistenciales

Este cambio resulta clave porque facilita que las víctimas accedan antes a ayudas y protección, incluso cuando el procedimiento judicial aún no ha finalizado.

Refuerzo de la asistencia jurídica a las víctimas

Otra medida destacada es el refuerzo de la tutela judicial efectiva.

El Real Decreto-ley establece que las víctimas de violencia de género puedan contar de forma inmediata con abogado y procurador de oficio, garantizando su asistencia desde el primer momento del procedimiento judicial.

Además, se reconoce la posibilidad de personarse como acusación particular en cualquier fase del proceso penal, reforzando su participación en el procedimiento.

Recuperación del papel de los ayuntamientos

La norma también devuelve competencias a las entidades locales en materia de lucha contra la violencia de género.

Los ayuntamientos vuelven a tener capacidad directa para:

• desarrollar políticas de prevención
• promover la igualdad
• gestionar programas de apoyo a las víctimas

Esta decisión responde a que la administración local es la institución más cercana a las víctimas, lo que permite una intervención más rápida y eficaz.

Además, se prevé financiación específica para que los municipios puedan desarrollar estas políticas públicas.

Compatibilidad de ayudas económicas

Otra novedad relevante es que las ayudas económicas destinadas a víctimas de violencia de género pasan a ser compatibles con otras prestaciones previstas para víctimas de delitos violentos o ayudas autonómicas y locales.

Con esta medida se pretende evitar que las víctimas tengan que renunciar a determinadas prestaciones para acceder a otras, garantizando así una mayor cobertura económica.

Conclusión: un paso más en la protección jurídica de las víctimas

Desde Gabinete Jurídico Almodóvar consideramos que este Real Decreto-ley supone un avance relevante en la política legislativa española contra la violencia de género.

Las reformas introducidas buscan facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, ampliar los mecanismos de protección y reforzar la coordinación institucional, en línea con los compromisos asumidos en el Pacto de Estado.

No obstante, como ocurre con cualquier reforma normativa, su eficacia dependerá en gran medida de su correcta aplicación práctica por parte de las administraciones públicas y los operadores jurídicos.