Tráfico de animales, tala indiscriminada, mala gestión de residuos, urbanismo, ordenación del territorio, vertidos indiscriminados, contaminación acústica…
Los delitos medioambientales son delitos sociales, pues atentan contra los recursos indispensables para las actividades productivas y culturales y ponen en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto que suponen la destrucción del ecosistema.
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