El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha denunciado formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por una campaña institucional que presenta la intervención de abogados como prescindible en trámites de extranjería. 

Los puntos clave de la denuncia son:

• Invisibilización y desprecio: El ICAM considera «inaceptable» que la administración pública difunda mensajes que omiten el papel esencial de la abogacía o que sugieren que su asesoramiento es innecesario para procesos complejos.
• Riesgo para el ciudadano: Advierten que prescindir de un profesional especializado en extranjería, una materia de alta complejidad técnica, puede inducir a decisiones erróneas con graves consecuencias personales y legales para los migrantes.
• Asociación con el fraude: En una fase anterior de la campaña (marzo de 2026), el ICAM ya logró la retirada de mensajes que asociaban indirectamente el asesoramiento legal con el fraude o la desinformación. Sin embargo, el Colegio denuncia que el Ministerio ha reincidido con un nuevo enfoque que vuelve a obviar la seguridad jurídica que aporta el letrado.
• Respuesta institucional: Como contrapartida, el ICAM ha lanzado su propia campaña titulada «Extranjería es Abogacía» para reivindicar el valor del acompañamiento jurídico y garantizar procesos de regularización seguros y rigurosos. 

La Abogacía, pieza esencial en materia de extranjería: reflexión desde el Gabinete Jurídico Almodóvar

Desde Gabinete Jurídico Almodóvar nos hacemos eco de la denuncia presentada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra la reciente campaña institucional que pretende trasladar la idea de que la intervención de la abogacía resulta innecesaria en los trámites de extranjería. Una afirmación que, además de ser imprecisa, pone en riesgo la seguridad jurídica de miles de personas extranjeras en nuestro país.

La necesaria intervención letrada en materia de extranjería

Los procedimientos en materia de extranjería, ya sean iniciales o de renovación, implican una compleja interacción entre el Derecho administrativo, laboral y constitucional, además de una constante actualización normativa. La asistencia de un profesional del Derecho no sólo garantiza que se cumplan los requisitos legales, sino que protege los derechos fundamentales de las personas migrantes, evitando situaciones de indefensión y posibles errores administrativos con graves consecuencias personales.

Sugerir que la abogacía es prescindible no solo desinforma, sino que ignora el papel constitucional que desarrollan los abogados y abogadas como colaboradores esenciales en la administración de justicia.

El posicionamiento del ICAM

El ICAM ha manifestado públicamente su rechazo a la campaña por considerarla una deslegitimación del ejercicio profesional de la abogacía. Desde la institución se subraya que la labor de los abogados en materia de extranjería va mucho más allá del simple trámite documental: se trata de acompañar jurídicamente a personas en situaciones de vulnerabilidad, garantizando sus derechos y facilitando su integración social y laboral.

De hecho, numerosas resoluciones judiciales y administrativas reconocen la importancia de una defensa técnica cualificada en expedientes de arraigo, reagrupación familiar o solicitudes de asilo, entre otros.

La postura de Gabinete Jurídico Almodóvar

En Gabinete Jurídico Almodóvar, compartimos plenamente la preocupación expresada por el ICAM. Consideramos que los mensajes institucionales deben reforzar la confianza ciudadana en los profesionales del Derecho, no ponerla en duda. La intervención de un abogado especializado no es un lujo, sino una garantía de legalidad, transparencia y equidad en cada procedimiento.

Además, recordamos que el Derecho de Extranjería es un ámbito cambiante, donde cada caso requiere un análisis individualizado y una estrategia jurídica precisa. La función del abogado, por tanto, resulta insustituible.

Gabinete Jurídico Almodóvar reitera su compromiso con la defensa de la profesión y con la promoción de una abogacía sólida, independiente y cercana al ciudadano. Creemos firmemente que solo con respeto al ejercicio profesional y con asesoramiento jurídico responsable se puede asegurar una convivencia basada en la justicia y el cumplimiento del Estado de Derecho.